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La diputada local Brenda Ríos acudió nuevamente a la Fiscalía Anticorrupción del Estado para formalizar una ampliación a la denuncia presentada en noviembre de 2024, dirigida en contra de funcionarios públicos y desarrolladores vinculados al cártel inmobiliario en Chihuahua. En este acto fue acompañada por residentes de fraccionamientos como Monte Xenit, Romanza, Sierra Azul, El Porvenir y Privadas del Sur, además de la regidora Elena Rojo, quienes sumaron sus voces para exigir una investigación profunda sobre las omisiones y complicidades que han puesto en riesgo la vida y el patrimonio de cientos de familias.
Durante su comparecencia ante la fiscalía, Brenda Ríos recalcó que desde el Congreso del Estado se han emitido múltiples alertas sobre los riesgos estructurales presentes en diversos desarrollos habitacionales. Sin embargo, denunció que las autoridades municipales han sido omisas y no han actuado oportunamente para proteger a las y los habitantes afectados. “Esto no es una consecuencia de las lluvias, es el resultado de años de negligencia institucional, corrupción y crecimiento urbano desordenado”, enfatizó la diputada.
Entre los casos más graves destaca el de Monte Xenit, donde 32 familias fueron desalojadas en un plazo de 72 horas tras el colapso de una barda construida sin licencia, evidencia de la falta de supervisión y del desinterés por la seguridad de las personas residentes.
La diputada Ríos criticó el actuar del gobierno municipal, calificando su respuesta como insuficiente y evasiva. Dirigió sus señalamientos especialmente hacia el alcalde Marco Bonilla, a quien acusó de minimizar la gravedad del asunto, deslindar responsabilidades en su equipo y admitir públicamente que se otorgaron permisos sin la debida supervisión técnica. “Cuando un alcalde reconoce que hubo omisiones y no actúa en consecuencia, no hablamos solo de irresponsabilidad: hablamos de complicidad”, declaró Ríos, subrayando la urgencia de que los responsables rindan cuentas.
Brenda Ríos adelantó que la denuncia será respaldada con iniciativas y gestiones en el Congreso, organismos de derechos humanos y, de ser necesario, en instancias internacionales como ONU-Hábitat. También criticó la concentración de esfuerzos institucionales únicamente en el fraccionamiento Monte Xenit, mientras que colonias como Romanza, Sierra Azul, El Porvenir y Privadas del Sur, donde existen afectaciones similares, han quedado desatendidas. “La justicia no puede depender del código postal. Exigimos justicia para todas las familias afectadas por el cártel inmobiliario”, sentenció.
La legisladora reiteró su compromiso de acompañar a las familias damnificadas hasta garantizar la reparación integral del daño, el castigo a quienes resulten responsables y el abandono de modelos de desarrollo urbano que anteponen intereses particulares sobre la seguridad y el bienestar colectivo. “No vamos a soltar este caso. Vamos a ir hasta el fondo, porque la política debe estar al servicio de quienes más sufren”, concluyó Brenda Ríos, marcando así el rumbo de una lucha que exige justicia y cambios estructurales en el desarrollo urbano de Chihuahua.
