REPORTERO1 
Columna La Tenebrosa. . . El lado obscuro de la política chihuahuense. . .
LILY TELLEZ DENUNCIA A LILIA AGUILAR. . . La senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, tras un altercado en el Senado donde el cable de su megáfono fue cortado con tijeras. Téllez solicitó medidas de protección para evitar que Aguilar Gil se acerque a ella, argumentando violencia y abuso de poder. . .
En redes sociales, Téllez enfatizó que ejercer un cargo no otorga licencia para agredir ni abusar del poder, y aseguró que no será silenciada. El incidente quedó registrado en video durante una sesión de la Comisión Permanente, donde se observó el intento de Aguilar Gil por quitarle el megáfono y un forcejeo entre ambas. . .
Hasta el momento, Aguilar Gil no ha respondido públicamente a la denuncia. Además, Téllez notificó haber presentado otra denuncia el 28 de junio de 2025 contra las senadoras Malu Micher y Karina Ruiz Ruiz (Morena), acusándolas de usar un objeto punzocortante (tijeras) para intentar averiar su megáfono y solicitó órdenes de restricción, alegando conductas violentas captadas en video. . .
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PLEITO EN PARRAL POR EL AGUA. . . La diputada Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano, calificó como “criminal” la decisión de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral de negar el suministro de agua mediante pipas a familias con adeudos. Según la nueva política, solo quienes estén al corriente en sus pagos recibirán el servicio, lo cual, de acuerdo con la legisladora, atenta contra el derecho humano al agua reconocido internacionalmente. . .
Portillo denunció que esta medida no toma en cuenta la difícil situación social y económica de muchas familias afectadas por una crisis severa en el abasto de agua. Además, señaló que la dependencia exige pagos por un servicio que en muchos casos es insuficiente o inexistente. . .
La diputada instó a explorar soluciones que garanticen el acceso al agua, como buscar nuevas fuentes y reparar la infraestructura actual. Portillo también mencionó que, gracias a amparos jurídicos, varias familias están recibiendo el suministro básico de 50 litros diarios por persona, aunque enfatizó que este derecho fundamental no debería depender de procesos legales. . .
Finalmente, se comprometió a seguir defendiendo a las familias afectadas y a exigir el respeto al derecho al agua para todas las personas, independientemente de su situación de pago. . .
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CENIZAS FALSAS EN JUÁREZ. . . El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó la existencia de un grave caso de irregularidades en el crematorio Plenitud, ubicado en Polo Gamboa, Ciudad Juárez. Según la investigación, el establecimiento entregó urnas con cenizas falsas a decenas de familias y almacenaba, sin autorización, alrededor de 400 cuerpos sin incinerar, muchos en condiciones insalubres y con meses de antigüedad. . .
La investigación inició tras una denuncia y el hallazgo de dos cuerpos sin identificar en una carroza funeraria, lo que condujo a la inspección del crematorio. Se descubrieron prácticas fraudulentas, como la entrega de restos que no correspondían a los familiares, constituyendo delitos de fraude, falsedad en declaraciones, delitos contra el respeto a los muertos y posibles violaciones sanitarias. . .
Ante la gravedad del caso, se brinda apoyo psicológico y legal a las familias afectadas, quienes ya están acudiendo a la Fiscalía para iniciar procesos de identificación por pruebas de ADN. El fiscal aseguró que las decisiones sobre el destino final de los cuerpos serán tomadas respetando la voluntad de cada familia. . .
El caso ha provocado indignación social por la traición a la confianza depositada en servicios funerarios. La Fiscalía investiga si hay otras funerarias o intermediarios involucrados y mantiene abierta la posibilidad de más detenciones. La Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Juárez se deslindó de las funerarias involucradas y llamó a los afectados a denunciar formalmente. . .
La FGE sigue procesando la escena y el caso podría tener implicaciones penales tanto a nivel estatal como federal, por violaciones a normas sanitarias, salud pública y derechos humanos. . .
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