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La diputada local Brenda Ríos, acompañada por los exlegisladores Marco Quezada y Miguel La Torre, expuso en rueda de prensa un caso que calificó como grave de simulación empresarial, conflicto de interés y presunto uso indebido de recursos públicos, todo ello vinculado a la reciente adjudicación de un contrato público al laboratorio clínico Dx-Laboratorio.
OM.I3 Agencia Creativa S. de R.L. de C.V. fue inicialmente constituida en marzo de 2022 como una agencia de publicidad y comunicación. Sin embargo, en septiembre de 2024, la empresa cambió su objeto social para convertirse en prestadora de servicios de análisis clínicos, tanto en México como en el extranjero.
El cambio de giro fue aprobado en septiembre de 2024, dejando de operar en el ámbito de comunicación institucional y manejo de imagen para enfocarse en el sector de análisis clínicos.
El mismo día en que se realizó este cambio, los cuatro médicos socios originales vendieron la totalidad de sus acciones a Marcela Bonilla Ramos y Marlisse Valeria Díaz Mendoza, quienes carecen de experiencia previa en el sector salud.
El 31 de diciembre de 2024, las nuevas socias realizaron una capitalización por $3.45 millones de pesos, elevando el capital social de la empresa a $3.5 millones; cifra que coincide con el requerimiento de la convocatoria pública emitida el 8 de enero de 2025.
Marcela Bonilla fue funcionaria municipal durante la administración de Javier Garfio y accionista de Grupo Empresarial Vesiasol S. de R.L. de C.V., empresa proveedora de servicios de limpieza al municipio.
Marlisse Valeria Díaz ha sido contratista en el sector de limpieza tanto a nivel municipal como estatal.
Ambas socias cambiaron de ramo en diciembre de 2024 para crear Dx-Laboratorio, ubicado en Av. San Felipe 1014-A.
Según lo documentado, Dx-Laboratorio carece de la infraestructura necesaria para operar como un laboratorio clínico completo, motivo por el cual la mayoría de los estudios realizados son subrogados a otros laboratorios, principalmente Laboratorio Palmore.
De acuerdo con la diputada Brenda Ríos, la empresa beneficiada no cumplió con requisitos básicos establecidos en la convocatoria pública:
- Presentar currículum que acredite experiencia en el giro.
- Contrato que demuestre la prestación del servicio por al menos un año.
- Contar con licencia sanitaria a nombre de la razón social participante.
La legisladora advirtió que estas maniobras generan graves dudas sobre la transparencia y la ética en la asignación de recursos públicos. Señaló que el caso representa un retroceso en materia de ética administrativa y constituye un riesgo para la confianza ciudadana.
“Estamos hablando de una empresa sin experiencia, sin infraestructura suficiente, creada con una estructura legal modificada apenas unos meses antes, y que recibió un contrato para brindar servicios médicos a los ciudadanos. Esto no solo es irresponsable, es alarmante”, declaró Brenda Ríos.
Brenda Ríos, Marco Quezada y Miguel La Torre exhortaron a las autoridades fiscalizadoras y órganos de control a realizar una investigación exhaustiva para garantizar que los contratos públicos no sean utilizados como vehículos de simulación ni para beneficio particular a costa del interés público.
La denuncia pública sobre Dx-Laboratorio expone un presunto caso de simulación empresarial, conflicto de interés y uso indebido de recursos públicos, basado en operaciones empresariales poco transparentes, falta de experiencia y elusión de requisitos legales. Se demanda una investigación profunda para proteger la integridad y transparencia en la asignación de contratos públicos.
