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En un posicionamiento desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado de morena, Pedro Torres Estrada, alzó la voz para denunciar el saqueo y abuso de poder cometido por el exgobernador priista César Duarte Jáquez, quien durante su gestión construyó de manera completamente ilegal una presa, varias represas y un pozo dentro de uno de sus ranchos, apropiándose de agua destinada para el consumo humano y la producción agrícola y ganadera.
“Estas obras fueron realizadas sin permisos, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Duarte se robó el agua del pueblo para llenar sus represas privadas, mientras miles de familias sufrían los efectos de la sequía. Eso es corrupción en su forma más descarada, y no puede quedar impune”, declaró el legislador.
Pedro Torres Estrada señaló que Chihuahua enfrenta hoy una de las crisis hídricas más severas de su historia, con datos alarmantes como:
El 98.6% del territorio estatal afectado por sequía extrema o excepcional.
La producción de frijol reducida al 5%.
Las principales presas, como La Boquilla, con menos del 15% de su capacidad.
Un hato ganadero disminuido en más del 30%.
A pesar de las múltiples órdenes de aprehensión que enfrenta César Duarte por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, el exmandatario —extraditado desde Estados Unidos en 2022— permanece libre y sin restricciones judiciales visibles, situación que el diputado calificó como una burla a la justicia y al pueblo de Chihuahua.
Torres Estrada también denunció que, aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició la demolición de las estructuras ilegales en el rancho “El Saucito”, una suspensión provisional otorgada en menos de 24 horas por la jueza Madhay Soto Morales frenó los trabajos. Esta acción, dijo, pone en entredicho la independencia del poder judicial.
El legislador recordó que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el director de la Conagua, Efraín Morales, han expresado preocupación por el uso político del aparato judicial en este caso, señalando antecedentes similares de la jueza Soto Morales, como cuando impidió la distribución de libros de texto en Chihuahua.
“El agua no es un lujo, no es un negocio. Es un derecho humano. Si no defendemos la vida desde este Congreso, ¿entonces para qué estamos aquí?”, cuestionó el diputado.
Finalmente, Pedro Torres Estrada presentó una Proposición con carácter de Acuerdo, mediante la cual exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de la jueza Soto Morales en relación con el amparo 1183/2025-IX, por presunta extralimitación en la interpretación de la ley y a aplicar las sanciones correspondientes en caso de confirmarse irregularidades.
