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El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) determinó, en sesión celebrada el día de ayer, que el presidente municipal Marco Bonilla y su vocera ejercieron violencia política en razón de género en contra de la diputada Brenda Ríos. Tras una exhaustiva revisión de los hechos, el órgano electoral dando cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, resolvió imponer medidas de protección a favor de la legisladora y ordenó al alcalde y a su vocera abstenerse de continuar con acciones que atenten contra la integridad y dignidad de la diputada.
En su resolución, el Instituto Estatal Electoral estableció que tanto el alcalde Bonilla como su vocera deberán cesar de inmediato las declaraciones públicas que ataquen a la Diputada Ríos, ya sea por su forma de vestir, de hablar o por el simple hecho de ejercer un cargo político. Asimismo, se ordenó la eliminación de contenidos difamatorios y misóginos publicados en medios de comunicación propiedad del municipio, incluyendo videos y comentarios que agredan a la diputada y ordeno que el Municipio de Chihuahua, debe de forma inmediata dejar de utilizar recursos públicos para desprestigiar a la Diputada Brenda Ríos.
La Diputada Brenda Ríos celebró la decisión del IEE y afirmó: “El Instituto Estatal Electoral sesionó y me dio la razón. Se ha demostrado que, durante todo este tiempo, el presidente municipal y su vocera han cometido violencia política en razón de género en mi contra. Esta resolución no es solo un logro personal, sino el resultado de años de lucha para que ninguna mujer que ejerza la política sea agredida o menospreciada.”
Ríos enfatizó que esta determinación representa un avance significativo en la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito político y reiteró su compromiso de seguir trabajando para erradicar la violencia de género en todos los espacios.
El IEE también advirtió que el incumplimiento de estas medidas por parte del alcalde Bonilla y su vocera podría derivar en sanciones más severas, en cumplimiento de la legislación electoral y de género vigente.
Este fallo marca un precedente importante en la lucha contra la violencia política hacia las mujeres y refuerza la necesidad de garantizar espacios libres de discriminación y agresiones para quienes ejercen cargos públicos.
