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El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua revirtió la decisión del Instituto Estatal Electoral (IEE) y determinó que el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, y su vocera sí incurrieron en violencia política en razón de género contra la diputada Brenda Ríos.
El fallo, emitido durante la sesión del pleno del Tribunal, ordena una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables.
Con tres votos a favor, los magistrados Hugo Molina, Roxana García y Gabriel Sepúlveda respaldaron la ponencia que señala que la Comisión de Quejas y Denuncias del IEE no analizó de manera adecuada las declaraciones públicas de Bonilla y su vocera, las cuales fueron identificadas como actos de violencia política contra la diputada Ríos.
El Tribunal destacó que las manifestaciones públicas del alcalde y su equipo podrían constituir un claro caso de violencia política por razones de género y subrayó la necesidad de investigar a fondo para garantizar justicia.
El fallo del Tribunal representa un hito en la defensa de los derechos políticos de las mujeres y envía un mensaje contundente a quienes buscan silenciar o intimidar a las mujeres en el ámbito público.
¿Qué sigue?
El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua deberá retomar el caso y llevar a cabo una investigación profunda para determinar las responsabilidades de Marco Bonilla y su vocera.
De comprobarse los actos de violencia política, se aplicarán las sanciones correspondientes, lo que podría marcar un antes y un después en la política local.
¿Quién es Mariana de Lachica Huerta?
Mariana de Lachica, quien fuera titular del Órgano Interno de Control del Municipio, es ahora vocera del alcalde panista Marco Antonio Bonilla Mendoza.
Su rol en la administración ha generado controversia, ya que se le señala como una pieza clave en la cobertura de múltiples casos de corrupción.
El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, ha decidido pagar una suma exorbitante de 98 mil 954.38 pesos mensuales a Mariana de Lachica Huerta, ex auditora interna del municipio, con el objetivo de que defienda su imagen y gestione su discurso ante las críticas sobre la corrupción que ha salpicado a su gobierno.
De Lachica Huerta, quien también fue titular del Órgano Interno de Control del Municipio durante el primer trienio de Bonilla, es señalada por su papel encubriendo contratos y actos que presentaban claros indicios de corrupción, como el controvertido contrato por la obra “La golondrina y su príncipe”, que ascendió a 34.8 millones de pesos.
Se le ha relacionado con un cártel inmobiliario que ha favorecido a aliados políticos del alcalde en diversos proyectos, entre ellos la compra de terrenos sobrevalorados para la construcción del nuevo Relleno Sanitario en Mápula. En este caso, Bonilla adquirió un terreno a un precio mucho mayor al de mercado, en lo que muchos consideran una maniobra para beneficiar a un patrocinador de su campaña electoral.
Lo que inicialmente parecía un encargo de asesoría en comunicación se ha convertido en una protección costosa, que pone en evidencia la red de intereses que, desde la administración de Bonilla, parece estar construyendo una cortina de humo para desviar la atención de las acusaciones por corrupción.
Mariana de Lachica fue dada de alta como “Asesora A” en el Despacho del Presidente Municipal el 10 de septiembre de 2024. Su remuneración mensual incluye:
- $21,983.88 pesos de sueldo mensual bruto
- $35,663.27 pesos de compensación mensual neta
- $41,307.23 pesos de bono mensual neto
El nombramiento de Mariana de Lachica como vocera de Bonilla no es solo un acto administrativo, sino una estrategia política para ocultar los actos de corrupción que han marcado la gestión del alcalde panista. A través de pagos elevados y con un rol clave dentro del aparato gubernamental, la administración de Bonilla busca asegurar que las irregularidades queden fuera del alcance de la fiscalización y la crítica.
