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“En Morena Chihuahua, nos entristecen estos hechos y acompañamos a toda la comunidad juarense y a las familias de los fallecidos en estos difíciles momentos”, expresó el partido en un posicionamiento sobre el incendio donde perdieron la vida 39 personas migrantes y otras 29 resultaron heridas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.
“Exigimos que se cumpla la justicia en el caso y en este sentido vemos positivamente que el INM haya acudido a las autoridades correspondientes para investigar los hechos. También saludamos el paso que dio al invitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intervenga en las diligencias de ley y en la protección de los derechos de personas migrantes”, declaró el partido liderado por Brighite Granados.
El partido guinda explicó que fenómeno de la migración no es exclusivo de la frontera entre México y Estados Unidos y se trata de un fenómeno mundial de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida embarcando en un viacrucis sumamente peligroso.
“En estos casos debe imperar el respeto irrestricto a los derechos humanos, desde las autoridades; y la empatía incondicional y humanista, desde todos los sectores de la sociedad”, insistió el partido.
En ese sentido, la dirigencia de Morena en Chihuahua rechazó enérgicamente lo que consideró como golpeteo político por parte de los diputados locales de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, Gabriel García Cantú y Francisco Sánchez Villegas.
“Al diputado del PAN: es un nuevo nivel de bajeza política en Chihuahua jactarse diciendo “se los dijimos” ante esta lamentable pérdida de vidas humanas. Al diputado del PAN naranja: Ciudad Juárez no es un “pandemonium de fuego, sangre y muertos”, y afirmar tal cosa es un insulto a las familias que día con día llenan de vivacidad y color esta ciudad”, contestó la dirigencia morenista.
Finalmente, el partido de la 4T en Chihuahua puntualizó que por encima de los colores partidistas, “es momento para la coordinación, eficaz y efectiva, entre todos los niveles y órganos de gobierno para el diseño y aplicación de políticas públicas que garanticen la protección real de los derechos humanos”.
