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El diputado de morena, Óscar Avitia Arellanes, solicitó no se aumente el costo del transporte público en el estado, además de la comparecencia ante el Congreso de Chihuahua del Secretario de Comunicaciones y Transporte, asegurando que es un derecho humano la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
“Por lo que queda claro que el Estado no puede suponer que cumple con la obligación que deriva del citado precepto, visto a la luz del citado principio de progresividad, al poner a disposición de la colectividad un único sistema de transporte profundamente deficiente, inseguro y excluyente, el cual además, dicho sea de paso, mantiene una marcada tendencia a la decadencia y la degradación, dado que las unidades cada vez más viejas y obsoletas, en el mejor de los casos se reparan, pero prácticamente nunca se sustituyen por otras de modelo más reciente” aseguró el diputado.
Destacando que “Dado que hemos citado el criterio del más Alto Tribunal y las normas de la más alta jerarquía de nuestro país, en atención al principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la Carta Magna, este hecho por sí mismo, podría hacernos pensar que los Chihuahuenses tendríamos por lo menos asegurado el acceso al sistema de transporte público y que este, cuando menos, cumpliría con un estándar mínimo de eficacia, calidad, higiene y confortabilidad No obstante lo anterior, la realidad es otra, lo cierto es que aun y cuando en principio el transporte es “publico” por diversas razones, no se encuentra al alcance de muchos, ya sea por falta de cobertura, porque no contempla su necesidades especiales, porque les representa un riesgo o porque significa un considerable detrimento económico, por lo que para una cantidad considerable de la población, este derecho humano se encuentra prácticamente vetado. Esto no se supone que sea así, como tampoco se supone que la calidad de las unidades y del servicio sea tan deficientes, dado que, además, como ya se estableció, es una obligación ineludible que le compete al Estado”.
Y es que tan sólo en la ciudad de Chihuahua, más de 852 mil personas se trasladan diariamente en transporte público, esto es importante porque llega a ser un problema grave a la economía si tomamos en cuenta que hay familias en donde una persona mantiene a cuatro o cinco integrantes. En esta tesitura, una medida que implique el aumento de la tarifa del transporte público como la que ha anunciado el Gobierno del Estado no solo es inconstitucional, regresiva y dirigida a afectar los bolsillos de los más vulnerables, sino que también puede ocasionar renuncias laborales, deserción escolar y restricciones.
Aunado a esto, es preciso hacer hincapié en que no existe una justificación para el ajuste tarifario, además de que no hay un compromiso del gobierno para mejorar el servicio a través de la renovación de las unidades, capacitación de choferes, o bien seguridad en el transporte que permita reducir el índice delictivo.
“En fracción de MORENA nos queda claro que debemos apoyar a los que menos tienen, y que el Gobierno del Estado debe garantizar un servicio seguro, eficiente y de calidad, que permita a la población disminuir los tiempos de traslado, gasto en el transporte y fortalecer la economía familiar; lo cual es evidentemente contrario a las acciones que ha anunciado la gobernadora de Chihuahua” aseguró Avitia.
Por todo ello, el diputado solicitó se exhorte a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a efecto de solicitar, que se revierta la decisión de imponer medidas recaudatorias en perjuicio de los Chihuahuenses más vulnerables con la finalidad de costear el Transporte Publico. Y exhorto al secretario de Comunicaciones y Transporte a efecto de que comparezca ante el Congreso del Estado para que manifieste porque se decidió poner en marcha una medida regresiva en perjuicio de los Chihuahuenses, como la de aumentar la tarifa del transporte.
Sin embargo por 15 votos en contra, del PRI y el PAN la propuesta fue derogada , luego de más de una hora de discusión en la que el PAN se alzó en defensa de los intereses de los particulares sobre los de la población más pobre que es la que utiliza el transporte público, asegurando que si bien concedían que el estado es el responsable del transporte público, este no cuenta con presupuesto para hacerlo, por lo que no queda más que se suba la tarifa a pesar de no contar con rutas óptimas y camiones en buenas condiciones.
