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La diputada de Morena Magdalena Rentería, presentó una propuesta para que la Comisión de Fiscalización proponga a la Auditoría Superior del Estado, incorporar al Instituto Municipal de Cultura de Chihuahua como ente fiscalizable dentro de su Programa Anual de Auditorías, a fin de que se revise el contrato del espectáculo teatral y cultural denominado La Golondrina y su Príncipe.
Expuso que el Gobierno Municipal de Chihuahua en mancuerna con el Gobierno del Estado, anunciaron una obra de teatro por la cantidad de 34 millones 800 mil pesos, cada función representó un gasto de casi 3 millones de pesos.
Recordó que la Ley establece que previo a la adjudicación en los procedimientos de contratación, los entes públicos deberán realizar al menos una investigación de mercado, de la cual se desprendan las condiciones de arrendamiento o servicio objeto de la contratación, sin embargo, dicha investigación de mercado no existe según los portales de transparencia.
Destacó que el pago se realizó de forma anticipada, y el 10 de junio de 2022, mismo día en que se firmó el contrato, el Municipio de Chihuahua pagó un primer anticipo de 7 millones de pesos a la persona moral AEFE SA de CV. El jueves 30 de junio pagó un segundo anticipo por 20 millones 400 mil pesos. El 50% restante, correspondiente a la cantidad de $17’400,000.00 se cubrió el miércoles 23 de noviembre de 2022”.
“La ley estipula que los porcentajes o montos de los anticipos no pueden exceder del 50% del monto total del contrato. Sin embargo, la cláusula Cuarta en el contrato de prestación de servicios obligó al pago del 100% del monto total, cuando apenas se han realizado 6 de 12 funciones de la obra”, indicó la diputada.
De igual forma, reiteró que la obra “El Príncipe y la Golondrina” por sí sola supera el costo de todo el FICH en 2017 (35 millones de pesos), y supera el presupuesto erogado en el 2018 y 2019 (19 y 17 millones de pesos).
Ante estas irregularidades, la diputada consideró que que el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua sea añadido dentro de las entidades fiscalizadas de la Cuenta Pública 2022, con el propósito de verificar que el servicio contratado ICM-JUR-18/2022 siguió las pautas establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y su reglamento, así como para comprobar si los recursos de las inversiones y gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se ejercieron en los términos de las disposiciones aplicables.
