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Por considerar que el Presupuesto de Egresos de la Federación transgrede el principio de progresividad, los coordinadores de Va por México en la Cámara de Diputados Jorge Romero Herrera del PAN, Rubén Moreira Valdez del PRI, y Luis Espinosa Cházaro del PRD, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los líderes parlamentarios señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos sobre la progresividad, establecida en la reforma del 2011.
Además, refirieron que el presupuesto como se aprobó transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas.
Añadieron que existen varios programas que están destinados a la protección de las y los mexicanos en sus derechos, y agregaron que estos permitían y permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, de salud, fortaleciendo el federalismo, y la protección a la mujer.
Señalaron que el problema es que con este presupuesto de egresos se están afectando estos derechos. Para ejemplificar, citaron el documento y mencionaron el caso del sector salud, donde el INSABI sigue todavía sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios. Mismos que sí se tenían con el seguro popular.
Otros de los programas que refieren en el documento es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, con un recorte en el ramo de aproximadamente 10 mil millones de pesos, que, en palabras las y los diputados, muestra la regresividad del presupuesto de egresos aprobado.
En educación, las y los Diputados de Va por México acusan que se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país.
Eso sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; entre muchos otros.
Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo. Así, según señalaron las bancadas de oposición, lo muestran los recortes en el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de la atención a víctimas, y el dedicado a las estancias infantiles.
