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Este martes se resolverá la situación jurídica del exdirigente nacional juvenil del PRI, Christopher J. B., por la presunta comisión de delitos electorales por un monto de 2.7 millones de pesos.
Fue el pasado sábado cuando una juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Actualmente el excandidato a diputado por el Distrito 18 permanece en el Cereso número Uno de Aquiles Serdán.
En la audiencia de control de detención y formulación de imputación, el Ministerio Público acusó a Cristopher de haber recibido dinero público por 2 millones 771 mil 788 pesos para su campaña política.
Según estableció el Ministerio Público, el dinero provino de una cuenta de la Institución Bancaria BBVA, propiedad de la Secretaría de Hacienda que estaba destinada al pago de nómina de empleados de Gobierno del Estado.
El agente ministerial citó lo previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que dicta: “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión, al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.
De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía del Estado, en la causa penal 2633/2020, Cristopher recibió dicha cantidad entre los años 2014 y 2016. Durante la audiencia se presentó el orden cronológico en que fueron depositadas las cantidades en efectivo en promedio de 100 mil pesos mensuales.
